¿Imaginamos por un momento que Marcos Galperin hubiera querido fundar Mercado Libre sin poder elegir a sus empleados? Resulta absurdo: ningún proyecto, sea una empresa, un servicio o una institución, puede crecer sin contar con el mejor capital humano posible para llevar adelante su propuesta. ¿Por qué entonces las escuelas públicas no tienen esa misma posibilidad que sí tienen las privadas o las empresas?
El sistema educativo argentino enfrenta una tensión estructural que se ha consolidado con el tiempo: la elevada proporción de docentes suplentes y las dificultades persistentes para acceder a cargos titulares. Este fenómeno, lejos de ser un detalle administrativo, tiene consecuencias directas sobre la estabilidad laboral de los maestros, la capacidad de gestión de las escuelas y la continuidad pedagógica de los estudiantes.
En la Ciudad de Buenos Aires, el Estatuto Docente regula la carrera profesional, los mecanismos de acceso a la titularidad y el régimen de licencias. Nació para proteger derechos laborales, pero en la práctica cristalizó un esquema rígido que genera ineficiencias y desigualdades: docentes atrapados en suplencias prolongadas, directivos sin autonomía para conformar equipos, estudiantes expuestos a una rotación constante y un sistema que termina premiando la antigüedad por sobre el mérito.
Los datos son claros. Según Argentinos por la Educación, solo el 67% de los docentes posee cargos titulares (por debajo del promedio regional de 71,5%), y el país cuadruplica el promedio regional de suplencias cortas: 16,3% frente al 4,1% en otros países de América Latina. Este problema golpea con más fuerza a quienes menos tienen: en las escuelas primarias del cuartil más pobre, el 31% de los docentes es suplente, mientras que en el cuartil más rico baja al 19%. La rotación docente debilita la continuidad pedagógica y obliga a repasar contenidos, afectando especialmente a los alumnos más vulnerables.
Considerando esto, encontramos que el diseño actual del Estatuto presenta tres problemas centrales:
- Bloqueo de cargos: los titulares en licencia conservan su puesto por tiempo indefinido, forzando la cobertura permanente con suplentes.
- No valoramos el mérito: el acceso a cargos depende casi exclusivamente de la antigüedad, sin contemplar desempeño ni compromiso pedagógico.
- Falta de autonomía directiva: los directores no pueden elegir a su equipo ni evaluar a quienes lo integran, dificultando la construcción de proyectos coherentes.
Cuestionar este esquema no significa desconocer la importancia de los derechos laborales, sino reconocer que el statu quo perjudica a todos: los jóvenes docentes sufren inestabilidad prolongada, los directivos ven limitada su capacidad de gestión, los estudiantes pierden continuidad y el Estado paga doble (a titulares en licencia y a suplentes que los reemplazan).
La transformación es posible. Se trata de avanzar en varias dimensiones complementarias:
- Autonomía escolar y libertad de contratación, para que los directores puedan elegir y evaluar a sus equipos.
- Meritocracia transparente, reemplazando concursos basados solo en antigüedad por criterios que combinen formación, desempeño y compromiso con la comunidad.
- Revisión del régimen de licencias, que preserve derechos pero evite bloqueos indefinidos de cargos.
- Acompañamiento docente, con incentivos y capacitaciones que conviertan la reforma en una oportunidad de crecimiento y no en una amenaza.
En un esquema de autonomía escolar las licencias no desaparecerían. Continuarían siendo un derecho legítimo para cubrir situaciones de salud, maternidad, capacitación o motivos personales justificados. Lo que se propone es que dejen de convertirse en bloqueos indefinidos de cargos, generando inestabilidad para suplentes y costos duplicados para el sistema. Con mayor autonomía, los directores podrían gestionar reemplazos de manera más ágil y transparente, garantizando que los alumnos mantengan continuidad en el aprendizaje sin que el derecho de los docentes a licencias se vea afectado.
Un cambio de este tipo tendría efectos multiplicadores. Para los maestros, significaría estabilidad real y oportunidades basadas en mérito y vocación. Para los directores, la posibilidad de liderar equipos alineados con un proyecto pedagógico común. Para los estudiantes, continuidad en el aula y mejores aprendizajes. Para las familias, confianza en un sistema más justo y transparente. Y para la sociedad, un uso eficiente de los recursos públicos y un sistema educativo de mayor prestigio.
La Ciudad de Buenos Aires tiene la oportunidad de liderar esta transformación. Garantizar autonomía escolar no es precarizar, sino lo contrario: es reconocer que la verdadera estabilidad no se mide en cargos, sino en la calidad de la educación que reciben nuestros hijos. Así como ninguna empresa exitosa crece sin elegir a su gente, ninguna escuela podrá transformarse sin la libertad de elegir a quienes la hacen posible: sus docentes.