La humanidad ha tejido una trama universal llamada cultura donde la sociedad se expresa como autora y espectadora de sus obras creativas. A lo largo de la historia surgieron mecenas que contribuyeron con sus fortunas a fomentar estas expresiones, junto con los estados modernos que más tarde han democratizado su acceso con fondos públicos.
En la actualidad las leyes de mecenazgo cultural son parte de las políticas públicas que favorecen este derecho en donde los aportes dinerarios de privados tanto personas humanas o jurídicas bajo la modalidad de una donación y un patrocinio colaboran en el mantenimiento del patrimonio cultural existente o con nuevas exploraciones culturales a cambio de beneficios fiscales
La Ciudad de Buenos Aires ha creado la plataforma “Impulso Cultural”, un espacio de promoción cultural que contempla aportes privados sin fines de lucro relacionados con las diferentes áreas del arte y la cultura, como también de toda actividad que promueva, proteja o impulse el Patrimonio Histórico Cultural de la Humanidad.(Ley 6730) También ha promulgado una ley de mecenazgo similar para la promoción, el estímulo y la práctica del deporte como instrumento de desarrollo personal y social.
¿Cómo no generar entonces una acción legislativa similar para el mundo de la educación?
Una ley de mecenazgo educativo que impulse la Ciudad de Buenos Aires y que fomente la participación del sector privado en la mejora de las infraestructuras y proyectos escolares a través de incentivos fiscales similares permitirá que las personas humanas y jurídicas puedan contribuir con fondos destinados a necesidades específicas como reformas edilicias, adquisición de tecnología, programas de capacitación docente o modernización de las áreas de lectura, de la ciencia y del arte.
Las escuelas no solo requieren sanar necesidades urgentes que no pueden esperar el tiempo del presupuesto público, sino que también necesitan de autonomía financiera para generar estos proyectos innovadores. Es fundamental que otros actores puedan sumar y complementar con su aporte de manera ordenada, regulada y transparente, colaborando con la responsabilidad del Estado en la provisión de una educación de calidad, especialmente en contextos vulnerables, con propuestas que aseguren la gratuidad y la igualdad. Para que todos los alumnos sin excepción sean artífices de su propia vida.
¡Por eso hay que decirle “Si” a la Ley de Mecenazgo Educativo!