La violencia es producto de múltiples variables que detonan situaciones críticas de diversa gravedad en los escenarios escolares. Hemos presenciado tanto en las aulas como en los alrededores de los edificios graves incidentes que incluyen a distintos actores de la comunidad educativa, cuyas conductas, si no son amainadas a tiempo, pueden convertirse en cimientos de personalidades disruptivas que generarán más violencia. Son los espacios familiares de crianza, los barrios y comunidades vulnerables cruzados por la inseguridad, la pobreza y la droga, la tensión de una sociedad marcada por los cambios tecnológicos que generan pantallas y contenidos no aptos para chicos en desarrollo. Agreguemos un sistema escolar que no cuenta con las herramientas activas para generar ambientes emocionales propicios que predigan la violencia latente en las aulas desde los primeros años y sancionen el no cumplimiento de las normas establecidas.
En los últimos meses hemos visto una escalada de violencia en nuestras escuelas. Somos conscientes del efecto copia o copycat effect que desatan los miles de algoritmos. Las imágenes y videos en las redes sociales nos estremecen con alumnos manipulando armas con destreza u orquestando tiroteos, el bullying que desata suicidios o respuestas imprevistas, miles de algoritmos que producen efectos individuales o de manada donde los niños y adolescentes copian acciones y construyen su identidad, sin poder medir las consecuencias. Es el momento donde se debería cuidar el desarrollo de sus propias habilidades de decisión, control e inhibición. Es también parte de la tarea de la escuela.
Los límites del respeto por el prójimo no portan edad o posición, los blancos del ataque pueden ser hijos, padres, docentes o preceptores. La no expresión de la palabra —el no-lenguaje— se traduce en acción violenta. Nunca hubo un abrazo contenedor. La epigenética o contexto circundante le gana la partida al bagaje neurocognitivo y la posibilidad de control e inhibición desarrollada al crecer. Tempranamente ya se pueden visualizar sus tensiones desde que comienzan la preescolaridad, descubriendo conductas de ansiedad, estrés postraumático, miedos irracionales, pensamientos impulsivos que conducen a acciones espontáneas y desenlaces violentos en la adolescencia.
¿Qué está haciendo nuestra escuela hoy? La verdadera autoridad de la escuela se ha visto degradada. Producto de políticas públicas que durante los últimos treinta años disfrazaron los derechos y deberes genuinos con el manto del laissez faire, hoy la convivencia, el respeto y el comportamiento gregario se han subsumido en la falta de disciplina y responsabilidad ante las consecuencias —pequeñas o graves— que tienen las manifestaciones violentas en el ámbito escolar. Las escenas vistas en las últimas semanas escalaron en docentes agredidos y amenazados, en bandas de madres tomando las posiciones de sus hijos, tristemente agrediendo a los alumnos y optando por la lucha libre entre ellas mismas. Distintos grupos de alumnos cortaron la calle porque quieren estudiar en ambientes sin miedo.
Los protocolos escolares no pueden seguir siendo manuales prescriptivos que uniforman la respuesta ante cada conflicto. Deben transformarse en herramientas funcionales, adaptables y vivas, capaces de ajustarse a la realidad emocional, social y cultural de cada comunidad educativa. Su eficacia depende de la confianza depositada en los equipos docentes y directivos, que son quienes conocen de cerca las dinámicas y tensiones de sus escuelas. Esa autonomía profesional, acompañada por instancias de evaluación y apoyo institucional, es la clave para intervenir a tiempo y prevenir la escalada de violencia.
En este nuevo enfoque, la formación integral de directivos, docentes y auxiliares deja de ser un requisito administrativo y pasa a ser una condición indispensable para sostener decisiones pedagógicas y comunitarias con criterio, empatía y autoridad. Solo así recuperarán el respeto social que merecen como modelos de referencia y guías de convivencia. La escuela debe volver a ser un espacio donde el respeto tenga valor y las reglas importen.
Recuperar la autoridad pedagógica implica establecer consecuencias claras, pero también construir una cultura de responsabilidad compartida, donde cada integrante de la comunidad educativa asuma su parte en la tarea de enseñar a convivir. En este escenario compartido también tienen que estar presentes las políticas públicas de alto vuelo a fin de recuperar el valor del respeto y las consecuencias de los daños y perjuicios causados. La inversión en los recursos necesarios para esta proeza es fundamental y dará sus frutos en una sociedad de convivencia más pacífica y productiva.